UNSA aclara hechos de transferencias irregulares

En conferencia de prensa, el rector de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), Dr. Hugo Rojas Flores, junto al director de la DIGA, Mag. Christian Zapata Manrique, el jefe de Asesoría Legal, Dr. Roberto Barriga Valencia, y decanos de distintas facultades, desmintieron versiones divulgadas a la comunidad, en las que se cuestionó el accionar de la institución, en torno a las denuncias de desfalco económico generado por un funcionario de la casa superior de estudios.

El rector señaló que “han circulado noticias que no se ajustan a la verdad” y precisó que el Consejo Universitario fue informado de todo el proceso el 26 de enero de 2026, fecha desde la cual se activaron todos los mecanismos legales correspondientes para esclarecer los hechos y despejar cualquier duda.

Todo comenzó cuando la Dirección General de Administración, a cargo de Zapata, detectó movimientos económicos sin respaldo y dio cuenta de ello a la autoridad universitaria. Según explicó el funcionario, -tras su designación mediante oficio 835-2025- ordenó una revisión exhaustiva que derivó en el informe 2590-2025, donde se advertían transferencias irregulares. De inmediato se contrató a un perito contable, cuyos resultados permitieron cuantificar en más de 5.9 millones de soles los montos movilizados desde el año 2016 hasta el 2025, siempre a cuentas personales de un servidor. Con esa información, el 19 de enero de este año se presentó la denuncia ante la Contraloría con el oficio 143-2026-DIGA-UNSA, y se dio a conocer los hechos al Consejo Universitario en la sesión del 26 de enero de 2026.

Dos días después, el 28 de enero, la misma situación fue puesta en conocimiento del Ministerio Público y registrada con la Carpeta Fiscal N° 503-2026-640 en el tercer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. El asesor legal, Dr. Barriga, detalló que los hechos denunciados se enmarcan en los delitos de apropiación ilícita y peculado, figuras con penas de hasta 12 años de prisión. “No existe cultura del silencio ni encubrimiento”, afirmó, al tiempo que indicó que las actuaciones se mantienen en reserva para no afectar la investigación a cargo de la fiscal a cargo del caso.

Las autoridades resaltaron que la documentación pública demuestra que las denuncias no son recientes, contrariamente a lo que se ha difundido, y que la institución actuó apenas tuvo conocimiento de las anomalías. Además, se informó que el origen de estas transferencias se remonta al año 2016, época en la que la universidad estaba dirigida por otras autoridades, por lo que la comunidad universitaria rechaza “tajantemente cualquier intento de vincular a la actual gestión con estas irregularidades”.

Con el fin de agilizar los procesos, el representante de la DIGA sostuvo reuniones en Lima con representantes de la Contraloría. También se adoptaron medidas administrativas internas: se reorganizó la dirección de administración, se reasignaron funciones y se dispuso que los procesos sensibles sean atendidos por más de una persona, además de iniciarse el procedimiento disciplinario contra el funcionario involucrado.

Finalmente, las autoridades ratificaron su disposición permanente a colaborar con las entidades competentes, facilitando toda la información que requieran. No obstante, precisaron que por disposición fiscal no es posible brindar mayores detalles sobre el avance de las indagaciones, con el único fin de preservar la investigación y contribuir al hallazgo y sanción de los responsables.