Durante la pandemia los conflictos entre entidades públicas y privadas se incrementaron por diversos motivos como incumplimiento de plazos, montos de inversión y adecuación de los proyectos, debido a la implementación de medidas sanitarias.
En este punto, las entidades involucradas piden la intervención de un tercero para solucionar estos conflictos. A nivel del Estado, las contrataciones públicas en bienes y servicios, establecen una cláusula para someterse a un arbitraje de ser necesario.