Es un órgano colegiado autónomo y es competente para emitir juicios de valor sobre toda cuestión ética en la que estuviera involucrado algún miembro de la comunidad universitaria: docente, jefe de práctica o administrativo. Según el caso, propone las sanciones correspondientes al Consejo Universitario; de conformidad con el Código de Ética de la Función Pública, y demás normas pertinentes.